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viernes, 27 de marzo de 2020cermi.es semanal Nº 384

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
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Pandemia Coronavirus

El sector catalán de la discapacidad pide medidas especiales para proteger al colectivo ante el Covid-19

23/03/2020

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), principal plataforma de defensa del colectivo en Catalunya, quiere alertar de la desprotección de las personas con discapacidad y sus familias en la gestión de la pandemia del Covid-19, a pesar de ser un colectivo especialmente vulnerable y con mayor riesgo de contagio que la población general.

 
Ante la incertidumbre de la duración de la actual situación, y sin haber llegado al pico de la pandemia en nuestro país, es necesario que las autoridades sanitarias y de protección social adecuen sus actuaciones a las necesidades de las personas con discapacidad. “No sabemos hasta cuándo será sostenible la situación de confinamiento a que está sometida toda la ciudadanía y, por tanto, hay que tener presente que las consecuencias de la crisis no sólo vendrán por el desbordamiento del sistema de salud, sino también por la falta de acceso a la asistencia sanitaria, la falta de atención social y el impacto en la salud mental”, afirma Antonio Guillén, presidente del Comité.
 
El Cocarmi, como entidad representativa de las personas con discapacidad y sus familias, expresa su compromiso a no aumentar los niveles de contagio para el sistema de salud pueda responder con más celeridad, evitando más presión sobre el sistema de protección social. En este sentido, consciente de que las diferentes administraciones están afrontando situaciones no previstas, nuevos retos y limitaciones continuas, propone de forma proactiva:
 
- Establecer protocolos específicos para atender a las personas con discapacidad para garantizar los apoyos necesarios, especialmente cuando los cuidadores están en situación de aislamiento, y se garanticen materiales de prevención y protección      
 
-Establecer protocolos para el cuidado de las personas de apoyo, particularmente expuestas al Covid-19, que aceleren y garanticen la dotación de Equipos de Protección Individual, así como la realización prioritaria de tests PCR en caso de contacto con personas contagiadas (SAD, asistencia personal, hogares-residencia, residencias ...)      
 
- Garantizar que la información relacionada con el coronavirus es accesible y en formatos accesibles (páginas web, app, ruedas de prensa, noticias, notas informativas ...)      
 
- Priorizar la asistencia en centros especializados (hospitales), y garantizar la accesibilidad de las instalaciones que se habiliten para la atención social y sanitaria de emergencia (hospitales de campaña, hoteles, complejos deportivos...)
 
- Garantizar el transporte público accesible (bus, metro, tranvía, taxi, tren...) para asegurar los desplazamientos a los centros de salud      
 
- Estructurar redes de apoyo ante la interrupción de los servicios esenciales de apoyo      
 
Asimismo, hay que adecuar las medidas que se están aplicando a las necesidades de las personas con discapacidad. La situación de confinamiento, por ejemplo, está pensada para la población general; es una medida desigual que no se ajusta a las necesidades de las personas con discapacidad, especialmente las relacionadas con la asistencia emocional y la personal. Además, se están enviando mensajes contradictorios cuando no se permite el acceso a la vía pública pero a la vez existe la obligación de asistir al lugar de trabajo, cuando no es posible el teletrabajo, a pesar de ser colectivo de riesgo.
 
También se reclaman ayudas y apoyos para garantizar el confinamiento total de familiares cuidadores, tanto de niños como adultos con discapacidad, con el fin de evitar ser agentes propagadores. Para aquellos casos en que no existe la prohibición expresa de ir a trabajar y no existe la posibilidad de teletrabajar, el Real Decreto-ley 8/2020 prevé la reducción de la jornada laboral para estas situaciones. Dado que no prevé ningún tipo de compensación económica, acogerse a esta medida supondría una reducción de los ingresos familiares que, en situaciones no excepcionales como la actual, ya tienen que hacer frente a un sobreesfuerzo económico por razón de la misma.
 
El COCARMI también se pone a disposición de las diferentes administraciones públicas para encontrar soluciones que eviten que las personas con discapacidad vivan situaciones de discriminación y aislamiento. En este sentido, Guillén insiste en las medidas de accesibilidad y prevención: “las poblaciones más desinformadas son las que están sufriendo más la pandemia, por eso no dejaremos de insistir en que es necesario que toda la información sea accesible y esté en formatos accesibles: subtitulación, interpretación de lengua de signos, audiodescripción, lectura fácil y lenguaje comprensible, braille, documentos en formato word, etiquetado de imágenes ... así como la habilitación de medios de comunicación telefónica, escrita y videoconferencia para resolver dudas. Y hay que priorizar que las personas cuidadoras de personas con discapacidad dispongan de los Equipos de Protección Individual para poder hacer su trabajo sin riesgo de contagio”.
 
Asimismo, el Comité apela a evitar actitudes negativas y discriminatorias, y pide garantizar la participación de las personas con discapacidad en las decisiones que afectan directamente a sus vidas. “Las personas con discapacidad tienen peor estado de salud, tasas más altas de pobreza y tasas más bajas de educación y empleo. Además, diariamente afrontan dificultades de acceso al sistema de salud como consecuencia de barreras físicas, de discriminación y de estigmatización. Una situación que puede empeorar en una crisis como la actual”, añade Guillén.
 
Por otra parte, para valorar el impacto en la salud de las personas con discapacidad, el Comité solicita que se incluya la variable de discapacidad en la recopilación de datos de las personas contagiadas por el coronavirus, a fin de poder verificar posibles brechas y avances en la atención a nuestro colectivo.
 
Finalmente, creemos que ahora, más que nunca, hay que demostrar el compromiso de nuestro país con los derechos humanos de las personas con discapacidad y la voluntad de aplicar los estándares internacionales. Por este motivo, queremos destacar algunas voces que se han alzado para alertar sobre el impacto de la Covid-19 en las personas con discapacidad. Es el caso de la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas[1] , y de la Organización Mundial de la Salud[2], que ayer hizo públicas sus consideraciones para una correcta atención de las personas con discapacidad en el hogar y para garantizar esta atención a lo largo del tiempo para evitar que nadie quede desatendido.
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